Dentro del cumplimiento normativo de las empresas y entidades públicas, la entrada en vigor tanto de la Directiva Whistleblowing (Directiva (UE) 2019/1937) como de la ley 2/2023, de 20 de febrero, son una pieza esencial en el ámbito laboral, puesto que obliga, entre otros puntos, a habilitar un Canal de Denuncias interno.

Con la aprobación de estas normativas se hace obligatorio para las empresas y entidades públicas proteger a las personas que, dentro del ámbito laboral o profesional, detecten y denuncien infracciones penales o administrativas dentro del seno de su entidad y puedan comunicarlo, incluso de forma anónima, mediante los mecanismos y requisitos legales y técnicos establecidos en aquellas.

La Ley 11/2021 de Medidas y prevención contra el fraude fiscal, entre otras disposiciones, modifica la Ley General Tributaria, que en el artículo 29, apartado 2 la letra J, que indica: La obligación, por parte de los productores, comercializadores y usuarios, de que los sistemas y programas informáticos.

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